Artículo publicado en la Edición impresa 114 (Febrero - marzo 2016) de Periferia Prensa Alternativa
Por Trochando Sin
Fronteras
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| Marcha de la memoria. Foto:Trochando Sin Fronteras |
El departamento de Arauca, y especialmente la
zona del piedemonte, ha sido escenario de conflictos sociales y también uno de
los lugares en el que el conflicto armado se desarrolla con más vehemencia.
Varios tipos de violencia se implementaron
allí contra sus habitantes, incluida la estrategia paramilitar. Esa forma de
terrorismo de Estado tuvo un particular desarrollo a finales de la década del
90 y hasta el 2006. Es sabido que el paramilitarismo se configuró como un
mecanismo para encubrir las acciones estatales con presuntas estructuras
ilegales, a fin de evadir la responsabilidad del Estado frente a la comisión de
crímenes de lesa humanidad.
En Arauca, la estrategia paramilitar significó
una vorágine de violencia que fue agenciada por las entidades estatales y
privadas, de la cual se beneficiaron principalmente las empresas
transnacionales OXY y Repsol, pero también funcionarios públicos, contratistas,
terratenientes y empresarios locales.
Así, se asesinó, torturó, desapareció,
constriñó, amenazó y desplazó a gente del común, dirigentes políticos y
sociales, comerciantes, ganaderos, transportadores y algunos servidores
públicos. Obviamente esa violencia se hizo más recia contra quienes
históricamente enarbolaron las banderas del pueblo organizado, sus líderes y
principales proyectos comunitarios.
En Arauca, la capital del departamento, por ser
el centro administrativo, contar con mayor concentración de fuerza pública y
grandes propietarios de tierra, se fijó una de las bases del paramilitarismo.
Esto significó un sinnúmero de asesinatos dentro y fuera del casco urbano,
entre los cuales se recuerda aún el de periodistas como Efraín Varela. Parecido
fue el caso de Tame, por ser ésta la puerta de entrada de las estructuras
paramilitares provenientes del Casanare. Durante esa aciaga época, este se
convirtió en el municipio con la tasa más alta de homicidios en Colombia.
En Saravena, fue un poco diferente. Debido al
fuerte tejido social presente en el lugar, el Estado optó por otra forma,
consistente en la importación de sujetos que andaban siempre vestidos de civil,
pero armados, y permanecían la mayor parte del tiempo en el cordón de seguridad
custodiado por la Policía Nacional, de donde sólo salían a cometer los
homicidios y luego regresaban con total tranquilidad a su guarida. A ellos se
les llamó 'los encapuchados', pues así, salían en las noches a asesinar
pobladores, dado que algunos de ellos eran agentes activos de la fuerza pública
y buscaban el anonimato.
Los homicidios nocturnos eran la continuación
de una tarea diurna que efectuaba la Policía Nacional (de uniforme),
cuando detenía a las personas, las
individualizaba, les tomaba fotografías y luego se usaba esa información para que
los sicarios actuaran.
Dentro de las principales víctimas del
paramilitarismo en Saravena se cuentan los trabajadores de la Empresa
Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS-ESP,
proyecto que siempre ha sido objeto de ataques legales e ilegales por parte del
estado colombiano.
Al igual que en el resto del país, en Arauca
el paramilitarismo se usó para atacar a la población civil y no a la
insurgencia. Pero, a diferencia de lo que lamentablemente sucedió en otras
regiones, en Arauca el proyecto paramilitar no cuajó. Una combinación de
denuncia, valentía y resistencia por parte del pueblo organizado logró repeler
tan nefasta forma de defender los intereses de los poder
osos.
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Hubo muertos, familias destruidas, niños
huérfanos, y mujeres viudas, pero la gran mayoría de la población, con el
incondicional acompañamiento de las organizaciones sociales, decidió no
doblegarse ante tan aberrante forma de hacer la guerra. Decidieron quedarse en
el territorio, defender sus barrios, sus cooperativas, sus empresas
comunitarias, así tuvieran que ver caer a sus compañeros, amigos y vecinos;
decidieron denunciar los hechos, sus responsables y beneficiarios; decidieron
afrontar una muerte segura a cambio de mantener su dignidad.
Se hicieron marchas, foros, cabildos; se
rememoró esa historia de más de 4 décadas de organización y movilización
social que tiene la región del Sarare y
con esas herramientas los araucanos lograron conjurar una de tantas formas de
represión que ha soportado el pueblo colombiano.
El movimiento social de la región contó con el
acompañamiento de organizaciones del orden nacional e internacional, se efectuaron
diversas misiones de verificación e informes detallados de los hechos. Así, se
hicieron exigencias concretas a los órganos de justicia y control del Estado,
lo que los obligó a desmantelar algunas de esas estructuras ilegales. También
se abrieron procesos penales contra unos pocos servidores estatales implicados
en los crímenes, por ejemplo las investigaciones contra los capitanes David
Suaza Móvil y Guido Sánchez, de la policía nacional, quienes coordinaban con
los sicarios durante el segundo semestre de 2003.
Se logró vincular al entonces comandante del
Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro del Ejército Nacional con sede en Saravena, el
capitán Medina, y resultaron condenados el ex gobernador de Arauca Julio Acosta
y el ex alcalde de Tame Alfredo Guzmán Tafur, mandatarios para la época de los
hechos.
No puede omitirse que también la insurgencia
combatió al paramilitarismo, al cerrar el paso a su expresión de estructuras
militares uniformadas y armadas que provenían en grandes contingentes desde el
Casanare, y que pretendieron consolidar bases en algunas de las fincas
ganaderas de esa región para efectuar control en las zonas rurales de Tame y
Arauca.
Lo cierto es que luego de cientos de muertos,
desaparecidos y desplazados, el paramilitarismo no logró imponer en Arauca su
manto de horror y muerte, y las organizaciones sociales, comunitarias y
populares han podido continuar con su lucha por la defensa de la vida digna y
la permanencia en el territorio.
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